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El desarrollo rural será feminista o no será
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2020-10-15

Autora: Mariana Gallardo | País: México

Si bien en prácticamente todos los ámbitos las mujeres se encuentran en una situación de desventaja en relación con los hombres, en el campo esta condición es mucho más crítica e invisibilizada. Esto es muy grave debido a que en México, como en el resto del mundo, las mujeres son responsables de casi la mitad de la producción rural.  

Para asegurar un desarrollo rural sustentable es fundamental que todas las políticas y programas de desarrollo rural partan de un enfoque de género. Esto tendría un notable impacto no solo en los derechos y la calidad de vida de las mujeres, sino también en el combate a la pobreza y la reducción del hambre.  

En México, la relación poblacional entre hombres y mujeres en el entorno rural es igual a la de la población total del país: por cada 50 hombres hay 52 mujeres. Sin embargo, a pesar de que las mujeres son responsables de la producción de aproximadamente 50 % de los alimentos, solamente 12 % de la fuerza laboral rural es femenina. Lo anterior sugiere una cosa: las mujeres del campo trabajan más y producen más. Pero también abre muchas interrogantes acerca de las condiciones en las que las mujeres realizan este trabajo.  

Esta brecha entre la fuerza laboral rural femenina y su aportación productiva se puede explicar por varias razones. En primer lugar, gran parte de las actividades productivas que realizan las mujeres en localidades rurales no son remuneradas, ya que socialmente son consideradas como de ayuda o una responsabilidad familiar. Por otro lado, la brecha salarial en el sector rural en México es del 66 %, es decir, la mano de obra femenina es remunerada a menos de la mitad de lo que recibiría un hombre por realizar la misma actividad. Asimismo, las mujeres en contextos rurales trabajan más tiempo que los hombres, en promedio hasta 22 horas más a la semana.  

Adicionalmente, 97 % de las mujeres de entornos rurales ocupadas formalmente en actividades agropecuarias y de pesca realiza actividades no remuneradas, principalmente quehaceres domésticos, labores de cuidado y trabajo comunitario. Y las tendencias migratorias también tienen un impacto relevante en las dinámicas laborales de las mujeres campesinas, ya que obligan a una redistribución del trabajo agrícola. Esto significa que en el campo la mayoría de las mujeres tienen una doble jornada y carga laboral. 

Además de enfrentar la desigualdad laboral, las mujeres en el campo tienen acceso restringido o limitado a la tenencia de tierra, instrumentos financieros, representación política, capacitación, educación y recursos productivos. Todas estas condiciones se traducen en una desigualdad sistémica que hace prácticamente imposible su movilidad social.  

Un dato igual de alarmante es que según datos de CONEVAL e INMUJERES aproximadamente 90 % de las mujeres que viven en localidades rurales padecen alguna forma de pobreza o son vulnerables por carencias sociales, y 18 % son indígenas. De manera que la condición de vulnerabilidad de la mayoría de estas mujeres es intereseccional, es decir, personifican la suma de todas las desventajas de los grupos más vulnerables.  

Perspectiva de género en los programas para el desarrollo rural  

En México existen iniciativas y programas para atender el problema, como la Mesa de Mujeres Rurales Indígenas y Campesinas (MMRIC), un mecanismo de coordinación y vinculación entre trece dependencias del gobierno federal establecido en 2014, cuyo fin es la movilización de recursos humanos y presupuestarios para impulsar el desarrollo de las mujeres en este sector. A pesar de esta iniciativa, las acciones para asegurar la equidad de género en el sector rural siguen siendo insuficientes.  

Gran parte de los programas señalados por las dependencias que conforman la MMRIC como acciones destinadas a mejorar la situación de las mujeres de entornos rurales consideran que por el simple hecho de que las mujeres son parte de la población objetivo de estos programas, la población rural, se verán beneficiadas y no toman en cuenta las barreras de acceso, ni la condición de mayor vulnerabilidad a las que se enfrentan. Es decir, no cuentan con una perspectiva de género.  

Por su parte, de los trece programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) vigentes en 2019, siete consideraron en sus lineamientos de operación cuotas de género o priorización de solicitudes de mujeres. Sin embargo, de estos, solamente uno, el Programa de Desarrollo Rural, tomó en consideración las desventajas sistémicas que las mujeres enfrentan para cumplir con los criterios de elegibilidad a los apoyos gubernamentales y, en consecuencia, estableció criterios de elección específicos para las mujeres postulantes.  

Uno de los criterios que pone en mayor desventaja a las posibles postulantes es la acreditación legal de la propiedad, ya que en México, específicamente en los núcleos agrarios, solamente 25 % de las mujeres son acreedoras de propiedades agrarias. De manera que a pesar de que algunos de los programas gubernamentales establecen cuotas de género o priorizan las solicitudes de mujeres, muchas de ellas no tienen siquiera la posibilidad de ser consideradas, ya que los criterios de elegibilidad no reparan en su situación ni sus capacidades para cumplirlos.  

En contraste con los programas mencionados destaca Sembrando Vida, ya que parte de un enfoque de género un poco más amplio. Este programa, administrado por la Secretaría de Bienestar, incorpora en sus lineamientos de operación algunas acciones afirmativas con el objetivo de fortalecer el acceso de mujeres en entornos rurales a recursos económicos y productivos, instrumentos de ahorro y capacitación. Por ejemplo, ofrece a las mujeres que no son propietarias de tierra la posibilidad de presentar contratos de aparcería, a la par que da seguimiento y asistencia técnica para su celebración, determina que el personal operativo y técnico deberá estar capacitado en cuestiones de género y al menos el 30% tendrá que estar integrado por mujeres, señala que los planes de trabajo de las mujeres campesinas se establecerán posterior a un diagnóstico del uso su tiempo, y, debido a que el programa otorga recursos económicos y establece un sistema de ahorro bancario, pretende contribuir a su acceso a instrumentos financieros. Si bien estos lineamientos no resuelven las desigualdades sistémicas, se observa un avance a nivel preceptivo, habrá que evaluar su incidencia en la consecución de los objetivos del programa y en mejorar la situación de las mujeres en el sector rural.  

¿Cómo se pretende impulsar el desarrollo rural si prácticamente se ignora a la mitad de su población?, ¿cómo podrá mejorar la calidad de vida de la población rural si las condiciones particulares de las mujeres campesinas son obviadas?, ¿cómo alcanzar la seguridad alimentaria si quienes producen una parte sustancial de los alimentos son invisibilizadas?, ¿cómo lograr la erradicación de la pobreza si no se atiende de manera prioritaria a quienes más la padecen: las mujeres en contextos rurales?  

La respuesta a estas interrogantes: el desarrollo rural tendrá que ser feminista, o simplemente no será. Debido a que las mujeres son un actor fundamental en la productividad agrícola, la primera condición para asegurar el desarrollo rural deberá ser atender las necesidades y el bienestar de este sector de la población, así como su garantizar su acceso equitativo y oportuno a los derechos que le corresponden.  

Mariana Gallardo (@marianushka06) es asociada de gestión del conocimiento en el Programa para la Evaluación y Monitoreo Rural.  

Esta columna fue originalmente publicada por Animal Político el 27 de marzo de 2020 en la columna de “Evaluación y Decisiones” del CLEAR LAC. Puede consultar la nota original en: https://www.animalpolitico.com/evaluacion-y-decisiones/el-desarrollo-rural-sera-feminista-o-no-sera/   

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